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Las manzanas podridas de policía y Guardia Civil

La escena borda el surrealismo cañí: a las puertas del centro de promoción de Carabanchel (Madrid), donde hace una década se celebraban las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía, se paró un furgón del que salió un tipo esposado y custodiado por dos guardias civiles. Era uno de los miles de aspirantes a policía, que cumplía prisión preventiva en la cárcel de Granada, y al que un juez había dado permiso para realizar las pruebas. Acabó el examen y regresó a su celda. El Cuerpo ofertaba ese año 5.000 plazas.

La policía y la Guardia Civil sufren manzanas podridas que merman su reputación. Sin embargo, en la última década el Instituto Armado ha expulsado a 315 efectivos, el triple que el otro Cuerpo (106), pese a que las plantillas son bastante similares en tamaño (65.287 policías y 77.427 guardias civiles). Entre los delitos cometidos por estos agentes díscolos destacan asesinatos, homicidios y secuestros. Pero también tráfico de drogas, cohecho y violencia machista “muy grave”, según los datos que han ofrecido ambos Cuerpos al Portal de la Transparencia.

¿A qué se debe que la Guardia Civil triplique las sanciones a policías? Las razones de esta disparidad están en la dureza de los regímenes disciplinarios que sancionan a ambos Cuerpos –más estricto el del Instituto Armado-, además de la soledad que sufren los primeros en las zonas rurales, que provoca comportamientos impropios ante la sensación de impunidad por la escasa vigilancia de los mandos superiores, según denuncian las asociaciones de guardias civiles.

“Hemos reclamado históricamente que el Código Militar no se nos aplique en funciones policiales. De momento sin éxito”, denuncia Juan Fernández, portavoz de AUGC, la asociación mayoritaria en el Instituto Armado. Fernández estima que padecen “un régimen mucho más severo en un Cuerpo tan castrense”. “No hay diálogo previo, cuando surge un problema simplemente se actúa y se sanciona”, critica. Un portavoz de la Guardia Civil subraya: “Todas las expulsiones en la Guardia Civil son por la comisión de delitos, ninguna por faltas muy graves”.

Asuntos Internos de la policía investigó 804 casos en 10 años Las investigaciones en la policía y la Guardia Civil difieren en su modus operandi. Cuando la policía quiere investigar a unos agentes sospechosos de cometer ilegalidades, Asuntos Internos desplaza varios agentes a la comisaría bajo lupa y estos se incluyen como refuerzo en una unidad concreta. Solo el jefe superior de zona conoce la investigación en marcha. Sin embargo, Asuntos Internos de la Guardia Civil está acostumbrada a trabajar desde fuera, dado que muchas de sus investigaciones suceden en puestos con muy pocos agentes y ubicados en zonas rurales donde es imposible pasar desapercibidos.

Asuntos Internos de la policía, cuyas pesquisas suelen pasar desapercibidas salvo excepciones como el caso Faisán por el chivatazo en el bar de Irún al entorno de ETA, abrió en la última década 804 investigaciones. Y como resultado, esta unidad propuso la expulsión de 124 policías, cifra que los mandos del Cuerpo redujeron a 103 policías apartados. De ellos, 92 fueron policías de escala básica (el 86,7%) y 14 mandos (13,2%).

Estos garbanzos negros que provocan mayor escándalo en ambos Cuerpos suelen saltar a los medios de comunicación. Entre ellos, el agente José Manuel Rodríguez Talamino, agente de la UCO (Unidad Central Operativa) detenido en la Operación Púnica y que ejerció de topo para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Y el comisario Jesús Figón, agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Brasil, mató a su esposa en 2015 por una discusión. Cada cierto tiempo surgen agentes que son tentados por el dinero fácil del narcotráfico. Hace ocho años destacó Lars Sepúlveda, que sustrajo 154 kilos de cocaína y heroína de la Jefatura Superior de Sevilla durante varios años, robo por el que fue condenado a 17 años de cárcel.

La Guardia Civil, a diferencia de la policía, carece de sindicatos. Y mientras que la expulsión de los policías las firma el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ratifica la destitución de los guardias civiles.

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